Un juez federal de los Estados Unidos desestimó una demanda presentada por un grupo de periodistas del periódico El Faro contra la firma israelí de ciberinteligencia NSO Group, creadora del programa espía Pegasus.

La resolución judicial concluyó que el tribunal no cuenta con la jurisdicción personal específica adecuada para procesar el caso en el estado de California.

El fallo fue dictado por el juez de distrito James Donato, del Distrito Norte de California, en un documento de 10 páginas. En su dictamen, el magistrado sostuvo que los hechos denunciados ocurrieron fuera de territorio estadounidense, al señalar que la acusación principal radica en que la empresa proveedora suministró software de espionaje a un gobierno extranjero para intervenir los dispositivos iPhone de comunicadores que ejercían su labor en El Salvador.

La demanda, interpuesta originalmente en 2022, sostenía que al menos 22 de los 35 integrantes de la redacción del periódico El Faro sufrieron intervenciones ilegales en sus teléfonos móviles entre junio de 2020 y noviembre de 2021. Los demandantes argumentaron que las infecciones con el spyware formaban parte de una estrategia coordinada para desestabilizar el ejercicio del periodismo independiente en el país.

El equipo legal de los periodistas justificó la presentación del recurso en California argumentando que Apple Inc. tiene su sede principal en dicho estado y que NSO Group utilizó servidores de esa compañía para llevar a cabo los ataques informáticos. Sin embargo, el juez determinó que la supuesta interacción con dichos servidores no constituye una conducta ilícita realizada directamente en suelo californiano ni otorga competencia legal al tribunal.

Aunque la defensa de la compañía israelí solicitó desestimar la causa amparándose en la doctrina de forum non conveniens —argumentando que existían otros foros más adecuados—, el juez rechazó ese criterio por falta de pruebas por parte de los demandados. No obstante, concedió la desestimación por la falta de jurisdicción sobre la entidad demandada.

Esta es la segunda ocasión en que la causa sufre un revés en la misma instancia. En 2024, el juez Donato había desestimado el proceso al considerar que debía litigarse en Israel o El Salvador. Posterior a ello, un panel del Noveno Circuito de Apelaciones reactivó el caso tras señalar que entre los demandantes figuran un ciudadano estadounidense y dos residentes legales de ese país.

En esta nueva resolución, el juez determinó que la presencia de dichos demandantes tampoco demuestra que los dispositivos hayan sido vulnerados dentro de Estados Unidos.

Tras conocerse el fallo, la representación legal de los periodistas, liderada por el Knight First Amendment Institute, expresó su disconformidad con la resolución y confirmó que presentará un recurso de apelación. Representantes de la organización sostuvieron que las empresas dedicadas al desarrollo de herramientas de vigilancia no deben operar en la impunidad cuando violan estándares legales internacionales y derechos fundamentales.