El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sentenció de manera categórica que los miembros activos de estructuras criminales no recibirán ningún tipo de beneficio penal ni recuperación de su libertad, reiterando la firmeza de la política de seguridad del Estado implementada bajo el régimen de excepción.
Las declaraciones del mandatario se produjeron durante una visita oficial de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, a territorio salvadoreño. La jefa de Estado costarricense se reunió ayer en San Salvador con el presidente Bukele para conocer de primera mano el sistema de seguridad y el funcionamiento del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), una megacárcel diseñada para albergar a miles de reclusos de alta peligrosidad.
Durante el encuentro, Bukele aclaró las especulaciones en torno a una posible flexibilización del sistema penitenciario.
Detalló que, de una población total de 120,956 privados de libertad en el sistema carcelario —de los cuales 96,457 están vinculados a pandillas—, existe un segmento específico y reducido de reos que podría ser evaluado para programas de reinserción anticipada, pero este beneficio se restringe exclusivamente a colaboradores casuales.
El mandatario explicó el desglose piramidal de los reclusos relacionados con las maras:
- 42,125 son homeboys (miembros plenos y activos de las pandillas).
- 25,910 corresponden a miembros en proceso de ascenso dentro de la estructura.
- 17,793 son considerados «paros» (colaboradores voluntarios habituales).
- 10,629 son catalogados como colaboradores casuales o momentáneos.
Es precisamente sobre este último segmento de unos 10,000 detenidos —quienes no pertenecen orgánicamente a las estructuras criminales— donde se realizarán revisiones de casos, dijo.
Bukele estimó que aproximadamente un 50% de estos reclusos podría ingresar al programa Cero Ocio para cumplir con sus procesos de reforma de manera más acelerada. Sin embargo, enfatizó: «Ningún pandillero va a salir libre. ¡Nunca!», cerrando la puerta a cualquier beneficio para mandos medios o dirigentes de las maras.
Intercambio de experiencias en seguridad regional
La visita de la presidenta costarricense Laura Fernández tuvo como eje central la cooperación bilateral y la estrategia de combate al crimen organizado. Costa Rica, que recientemente inauguró el Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado (CACCO) inspirado en el modelo carcelario salvadoreño, busca replicar medidas efectivas de contención frente al avance del narcotráfico y la criminalidad.
Fernández agradeció al gobierno salvadoreño el respaldo estratégico y defendió la implementación de una política de «mano dura» contra el delito, señalando que esta postura no representa una renuncia a los derechos humanos fundamentales. Asimismo, la mandataria costarricense abogó por fortalecer la inteligencia policial, el control en puertos y aeropuertos, y la cooperación internacional.
Por su parte, el presidente salvadoreño valoró el esfuerzo del país centroamericano y advirtió sobre las dificultades institucionales y la oposición política que usualmente obstaculizan las reformas legales necesarias para combatir a las estructuras criminales de manera frontal. La jornada concluyó con la firma de un acuerdo bilateral orientado a consolidar la seguridad y combatir el crimen transnacional en la región.
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