El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó anoche que aproximadamente unos 5,000 reclusos, clasificados como colaboradores casuales de las pandillas, podrían ser evaluados para recibir beneficios carcelarios y una liberación anticipada.

Esta medida busca reorientar los procesos de reforma para aquellos detenidos que no forman parte activa de las estructuras de las maras.

Las declaraciones del mandatario salvadoreño se produjeron durante una conferencia de prensa celebrada en el marco de la visita oficial de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, a territorio salvadoreño.

La jefa de Estado costarricense acudió al país centroamericano para realizar un recorrido de observación en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megaprisión de máxima seguridad destinada a albergar a criminales de alta peligrosidad.

Durante el encuentro bilateral, ambos mandatarios analizaron las estrategias de seguridad pública implementadas en El Salvador bajo el régimen de excepción —vigente desde marzo de 2022—, el cual ha permitido la captura de más de 90,000 personas vinculadas o acusadas de colaborar con organizaciones terroristas.

La visita de la delegación costarricense responde al interés de conocer de primera mano los componentes operativos de este modelo de contención frente al crimen organizado transnacional.

Desglose y revisión de la población carcelaria

Para aclarar el alcance de la medida, el presidente Bukele presentó un análisis detallado mediante una pirámide de la población penitenciaria relacionada con las pandillas, la cual asciende a más de 96,000 privados de libertad. En la estructura se distinguen los miembros plenos (homeboys), los aspirantes a ascender, los colaboradores voluntarios habituales (paros) y, finalmente, un segmento de 10,629 personas catalogadas como «colaboradores casuales».

El mandatario explicó que, de este último grupo de poco más de 10,000 detenidos que no tienen una vinculación orgánica o permanente con las pandillas, se proyecta que alrededor del 50 % —es decir, cerca de 5,000 individuos— puedan ser evaluados de manera individual. Aquellos cuyos casos califiquen podrían incorporarse al programa Cero Ocio, el cual permite a los reclusos realizar labores de utilidad pública para cumplir con sus procesos de reinserción de forma más rápida.

No obstante, el Ejecutivo salvadoreño ha enfatizado que estas revisiones y posibles beneficios se limitan estrictamente a este sector de colaboradores circunstanciales, descartando cualquier modificación en las penas para mandos medios, líderes o miembros activos de las estructuras criminales, reafirmando así la continuidad de su política de seguridad estatal.