En una muestra de solidaridad interreligiosa y respaldo comunitario, un centenar de representantes religiosos de unas 21,000 iglesias distribuidas en 36 estados de Estados Unidos se concentraron en Washington para hacer un llamado urgente al presidente Donald Trump, para pedir la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los beneficiarios salvadoreños, un beneficio migratorio vital cuya vigencia vence mañana, 9 de septiembre.

La expiración de este programa dejará a más de 170,000 salvadoreños expuestos de manera inminente a la pérdida de sus permisos de trabajo y al riesgo de deportación. La medida no solo impacta de forma directa a las personas amparadas bajo esta protección, sino que también amenaza la estabilidad de miles de hogares, entre ellos los integrados por más de 150,000 niños nacidos en suelo estadounidense que poseen la ciudadanía de dicho país.

Durante la manifestación y rueda de prensa en la capital norteamericana, los líderes y pastores pertenecientes a la Confraternidad de Entidades Pentecostales de las Américas (CEPA) manifestaron su profunda inquietud por el impacto psicológico y económico que genera el término del programa. Ángel Marcial, presidente de la CEPA, externó la preocupación de los sectores religiosos ante la incertidumbre que atraviesan las familias y solicitó al Gobierno reconsiderar la cancelación o conceder una prórroga razonable para que los afectados puedan reordenar su situación legal o familiar.

Por su parte, voceros del sector pastoral en estados como California, Nevada y Hawái recalcaron que la eventual pérdida del estatus temporal suspenderá de inmediato la capacidad de los trabajadores de laborar legalmente en el país, incrementando de forma drástica la vulnerabilidad social. Asimismo, durante la jornada se exigió la liberación de líderes comunitarios y miembros de las iglesias que han sido arrestados por agentes de inmigración en semanas recientes, destacando sus aportes tributarios y comunitarios a lo largo de décadas de permanencia pacífica.

Mediante una misiva formal dirigida al presidente Trump y a su gabinete, la Confraternidad de iglesias destacó la contribución económica de la población salvadoreña protegida por el TPS. De acuerdo con datos aportados por los representantes de la iniciativa, los salvadoreños acogidos al beneficio aportan unos 5,400 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y tributan aproximadamente 1,500 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales de forma constante.

La petición de las entidades religiosas apela no solo a los marcos legalmente aplicables, sino a un principio de compasión humana y moral, exhortando a la administración republicana a tomar en cuenta el bien común y la protección de la unidad familiar antes de que concluya el plazo establecido para la vigencia del programa.