Ante la persistente tragedia humanitaria que embarga al país, la Iglesia Católica en México exigió erradicar la apatía e indiferencia social y llamó al Estado y a la ciudadanía a convertir la localización de personas no localizadas en una verdadera causa nacional. A través de pronunciamientos de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y del semanario Desde la Fe, los obispos recalcaron que la sanación de la paz social «pasa por sanar la herida de los desaparecidos».

En México se conmemora este 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

La postura eclesial marca un giro de acompañamiento activo. El Episcopado solicitó formalmente abrir las parroquias y parroquianos de todo el país a las familias y colectivos de búsqueda, instruyendo que en las intenciones de oración se incluya de manera explícita a las víctimas de desaparición forzada. La institución exhortó a la sociedad a no caer en la «peligrosa tentación de acostumbrarse» ni de normalizar la violencia que afecta a miles de hogares.

Asimismo, los jerarcas católicos trazaron un deslinde claro entre el deber de empatía comunitaria y las obligaciones del Gobierno. Si bien la Iglesia reiteró su compromiso de escucha pastoral y solidaridad con los colectivos —principalmente integrados por madres buscadoras—, recordó que corresponde a las autoridades locales y federales prevenir estos delitos, garantizar búsquedas inmediatas y efectivas, combatir la impunidad y asegurar justicia.

El drama en cifras: la magnitud de la crisis

La llamada de la Iglesia se enmarca en un contexto de cifras alarmantes que sitúan a las desapariciones como uno de los mayores desafíos en derechos humanos que afronta la nación.

Más de 130,000 personas desaparecidas: De acuerdo con los registros del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el país supera oficialmente las 130,000 personas sin localizar.

Distintos organismos internacionales y locales estiman que existen cerca de 50,000 cuerpos sin identificar alojados en fosas comunes, morgues y servicios periciales del Estado.

Ante las deficiencias institucionales de investigación, más de 150 colectivos de madres y familiares han asumido con sus propios medios la labor de rastreo de fosas clandestinas a lo largo del territorio nacional.

Para la Iglesia Católica, la crisis de las personas desaparecidas no representa solo un indicador de inseguridad o vacíos de justicia, sino un doloroso imperativo ético y espiritual que interpela al conjunto de la sociedad mexicana.