Tras el asesinato de Ramón Mauricio García Prieto en 1994 y años de lucha de sus padres ante la impunidad y el hostigamiento, la Corte IDH declaró en 2007 la responsabilidad internacional de El Salvador. En 2026 cerró la supervisión: hubo condenas a autores materiales y reparaciones, pero nunca se identificó a los autores intelectuales.