El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ofreció disculpas públicas a la ciudadanía por la inclusión de un ritual religioso durante su ceremonia de toma de posesión. El pronunciamiento se produjo en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, que determinó que la actividad vulneró el principio constitucional de laicidad y la neutralidad religiosa del Estado.

La controversia se remonta a la toma de protesta del pasado 7 de agosto, celebrada en Cali. Durante el evento, se incorporó un espacio de oración interreligiosa que incluyó la participación de un sacerdote católico, un pastor evangélico y un rabino, además de exhibir una imagen de la Virgen de Fátima en el recinto oficial. La inclusión del acto derivó en una acción de tutela interpuesta por el ciudadano Omar Alberto Franco Becerra, quien argumentó que los rituales dentro de una ceremonia de Estado quebrantaban la separación entre la Iglesia y el Gobierno.

«Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado ofrezco excusas por ello»

El fallo judicial exigió al mandatario transmitir disculpas oficiales en cadena nacional de televisión y radio, así como manifestar su compromiso de no repetir este tipo de conductas en actos institucionales públicos. De igual manera, la sentencia vinculó a la mesa directiva del Congreso de la República, presidida por Honorio Miguel Henríquez Pinedo, a quien también se le atribuyó responsabilidad por la formulación del orden del día.

En su mensaje a la nación, De la Espriella acató la instrucción judicial: «Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado ofrezco excusas por ello». No obstante, el presidente defendió su libertad individual de culto, señalando que, aunque profesa la fe católica y la ejercerá en sus ámbitos personal y privado, mantendrá el respeto estricto a las garantías constitucionales que protegen a todos los creyentes y no creyentes en el país.

El pronunciamiento generó amplias reacciones entre analistas y sectores políticos. Mientras defensores de la laicidad destacaron la importancia del acatamiento del fallo para reafirmar la independencia entre las instituciones públicas y las convicciones confesionales, sectores afines al mandatario defendieron el derecho a la manifestación de la fe. La alocución concluyó con el mandatario reafirmando su llamado a la unidad de la nación en medio de las diferencias de opinión que suscita el debate sobre la religión en la esfera pública.