NUEVA DELHI — Diez miembros de la comunidad católica en el estado de Rajastán, al oeste de la India, recuperaron su libertad la noche del pasado 13 de agosto tras permanecer 104 días encarcelados bajo la controvertida legislación contra las conversiones religiosas. Los feligreses fueron arrestados a principios de mayo luego de defender su iglesia frente a la irrupción violenta de un grupo de radicales hindúes durante la celebración de la Misa.

El incidente original ocurrió la noche del 1 de mayo en la remota localidad de Kalinjara, ubicada en el distrito de Banswara. Mientras la comunidad parroquial de Bandaria participaba en la liturgia, un grupo de activistas vinculados a la organización Hindu Sena irrumpió en el templo durante el momento de la Comunión. Los intrusos comenzaron a grabar a los asistentes e interrumpieron el servicio religioso profiriendo acusaciones sobre supuestas «conversiones forzadas» y sacrificios ilegales.

Según los testimonios presentados por el párroco, el P. Arvind Amliyar, la situación se tornó crítica cuando uno de los asaltantes esgrimió un arma blanca. En respuesta, los feligreses lograron desarmar al individuo y expulsar a los agresores del recuento parroquial para proteger a los asistentes.

Sin embargo, las autoridades policiales locales —bajo la jurisdicción del gobierno estatal liderado por el gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP)— actuaron contra los feligreses en lugar de sancionar la interrupción del culto. Entre el 1 y el 3 de mayo, la policía detuvo a diez católicos, imputándoles cargos que incluyeron intento de homicidio y violaciones a la ley de conversión, enviándolos posteriormente a custodia judicial.

Monseñor Devprasad John Ganawa, obispo de Udaipur, confirmó el retorno de los feligreses a sus hogares tras el dictamen del Tribunal Superior de Rajastán, emitido el 12 de agosto. «Estamos aliviados porque nuestra gente ha sido liberada de falsas acusaciones. El equipo legal continuó la apelación formalmente luego de que el tribunal de distrito rechazara inicialmente la fianza», declaró el prelado.

Una controvertida norma marco

Este caso pone nuevamente de relieve la aplicación de la Ley para la Prohibición de la Conversión Religiosa Ilícita de Rajastán, promulgada en 2025. La norma invierte la presunción de inocencia, obligando al acusado a demostrar que no incurrió en métodos coercitivos o fraudulentos para alterar la fe de terceros. Dicha disposición dificulta sustancialmente la obtención de libertad provisional en instancias judiciales inferiores.

Organizaciones de derechos humanos y representantes eclesiásticos advierten sobre un patrón sistemático donde estas leyes son instrumentalizadas contra minorías cristianas y musulmanas en diversos estados de la India. La constitucionalidad de la norma de Rajastán se encuentra actualmente bajo revisión en la Corte Suprema de la India, tras la demanda interpuesta por la Jaipur Catholic Welfare Society.

A su salida del centro penitenciario de Kushalgarh, los liberados expresaron su gratitud a las comunidades que mantuvieron cadenas de oración y apoyo legal durante su reclusión, señalando que la experiencia reforzó la cohesión de la parroquia local.