La justicia de El Salvador condenó a 15 años de prisión al activista y defensor de derechos humanos Fidel Zavala, hallado culpable del delito de estafa agravada en perjuicio de tres personas por un monto total de 4,025 dólares.

El tribunal impuso una pena de cinco años de cárcel por cada una de las víctimas afectadas, en hechos que habrían ocurrido entre noviembre de 2018 y febrero de 2021.

Zavala, quien se desempeñaba como vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), fue capturado inicialmente en febrero de 2025 junto a una veintena de dirigentes de dicha organización bajo acusaciones relacionadas con la venta irregular de lotes y parcelas.

Previamente, el activista ya había enfrentado un proceso judicial por cargos similares en 2022, del cual salió en libertad en marzo de 2023 tras ser absuelto por falta de pruebas —aunque la Fiscalía General de la República apeló dicha resolución—. Tras aquel episodio, denunció públicamente haber sufrido torturas y malos tratos durante su estancia en prisión.

Organizaciones sociales, nacionales e internacionales como Amnistía Internacional, han manifestado profunda preocupación y cuestionado la legalidad de esta nueva detención y sentencia, advirtiendo sobre la vulnerabilidad del activista debido a las denuncias previas que interpuso contra el sistema penitenciario salvadoreño.

¿Qué dicen analistas sobre este caso?

El caso ha generado debates profundos en el ámbito legal sobre los límites entre el derecho penal y el derecho privado. En un artículo de opinión publicado en El Diario de Hoy, el abogado y teólogo Jaime Ramírez Ortega —quien asumió la defensa técnica de Zavala en una etapa procesal previa— cuestionó duramente la proporcionalidad y la tipificación de la condena.

Bajo el análisis de Ramírez Ortega, el meollo del asunto radica en determinar si el caso constituye realmente una conducta defraudatoria con dolo penal o si se trata estrictamente de una controversia o incumplimiento de naturaleza civil. El jurista enfatiza que:

«La verdadera fortaleza de la justicia no está en cuánto castiga, sino en su capacidad de distinguir, con independencia y equilibrio, entre una deuda, un incumplimiento y un delito».

Para el analista, criminalizar disputas comerciales o desacuerdos contractuales mediante penas severas de privación de libertad —en este caso, 15 años de cárcel por una suma disputada de 4,025 dólares— desnaturaliza los fines del sistema de justicia y abre cuestionamientos sobre el uso del aparato penal para dirimir conflictos de orden patrimonial ordinario.

La captura del activista ocurrió en el marco del régimen de excepción declarado en marzo de 2022, por iniciativa del presidente Nayib Bukele, en su «guerra» contra las pandillas.

Bukele goza de amplia popularidad por someter a las pandillas, pero grupos de derechos humanos denuncian que entre los más de 93.000 detenidos desde 2022 hay miles de inocentes y han ocurrido más de 500 muertes en prisión.