Un juez federal de los Estados Unidos emitió una orden que impide al estado de Illinois aplicar su ley de suicidio asistido contra la Arquidiócesis de Chicago y dos comunidades de religiosas católicas mientras se resuelve una demanda federal que busca invalidar permanentemente la medida.

La resolución del juez de distrito, Franklin Valderrama, responde a la demanda presentada el pasado 3 de septiembre por el bufete de abogados Becket especializado en libertad religiosa. Los demandantes incluyen al arzobispo de Chicago, el cardenal Blase Cupich, junto a las Hermanitas de los Pobres y las Hermanas Carmelitas para los Ancianos y Enfermos. Las organizaciones argumentan que la ley viola la libertad religiosa al obligar a proveedores de salud y cuidadores católicos a participar o colaborar en la terminación de la vida de los pacientes.

El cardenal Cupich celebró la medida provisional indicando que el objetivo no es imponer la enseñanza católica a la sociedad, sino evitar que el Estado obligue a las instituciones sanitarias de la Iglesia a actuar en contra de sus convicciones éticas y morales.

Por su parte, la madre Mary Rose Heery, de las Hermanas Carmelitas, destacó que esta pausa brinda tranquilidad a los residentes y familias atendidos en sus instalaciones de atención.

La normativa de Illinois permite prescribir medicamentos letales a adultos con enfermedades terminales. No obstante, la exención dictada por el tribunal beneficia únicamente a los demandantes involucrados en este proceso, permitiendo al estado aplicar la norma en otros contextos. Este fallo provisional se suma a una suspensión similar otorgada semanas atrás a favor de la Diócesis de Springfield y otras agrupaciones de personal médico en el mismo estado.