En un giro inesperado dentro de la política migratoria de Estados Unidos, la Casa Blanca decidió frenar a último momento la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 200.000 salvadoreños. Según reveló en exclusiva este martes el medio estadounidense POLITICO, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ya tenían lista la publicación en el Registro Federal para dar por terminado el programa este mes, cuando la administración central intervino para paralizar la medida.
Detrás de esta decisión de frenar la expulsión de miles de migrantes se encuentra un intenso esfuerzo diplomático y político en el que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, habría desempeñado un rol clave.
Bukele, considerado un aliado cercano del presidente Donald Trump, ha presionado de manera constante al gobierno estadounidense para mantener vigentes estas protecciones legales. La estabilidad económica de El Salvador depende en gran medida de las remesas que los salvadoreños amparados por el TPS envían a sus familias, lo que convierte la permanencia de este estatus en una prioridad absoluta para El Salvador.
«El presidente salvadoreño Nayib Bukele, aliado del presidente Donald Trump, ha presionado a Estados Unidos para que mantenga las protecciones. El dinero que los inmigrantes salvadoreños envían a sus países de origen es crucial para la economía nacional»
«El presidente salvadoreño Nayib Bukele, aliado del presidente Donald Trump, ha presionado a Estados Unidos para que mantenga las protecciones. El dinero que los inmigrantes salvadoreños envían a sus países de origen es crucial para la economía nacional», cita el medio politico.com.
La paralización de la norma pone de manifiesto las marcadas tensiones internas dentro del gobierno de EE. UU., especialmente a pocas semanas de unos comicios clave. Por un lado, la facción más intransigente en materia migratoria presiona por poner fin a los permisos temporales. Por otro lado, líderes empresariales y donantes de alto nivel han advertido a la Casa Blanca sobre el impacto devastador que tendría retirar de la fuerza laboral a miles de empleados capacitados que llevan más de dos décadas integrados en la economía norteamericana.
Esta presión económica es particularmente sensible en estados como Texas, que alberga a la segunda comunidad salvadoreña más grande del país y donde se disputa una reñida contienda por el Senado. Sectores industriales como la ganadería, el empaque de carne y la construcción han hecho oír su voz, señalando que la falta de mano de obra ya genera pérdidas millonarias.
«La decisión (de frenar el anuncio definitivo del TPS) vino directamente de la Casa Blanca».
«La decisión (de frenar el anuncio definitivo del TPS) vino directamente de la Casa Blanca», dijo Mark Krikorian, director del Centro de Estudios de Inmigración, un grupo de expertos en Washington que aboga por restricciones a la inmigración legal y una mayor aplicación de las leyes migratorias. «Quizás solo estén pensando en dejar esto de lado durante seis meses hasta después de las elecciones, no porque vaya a tener algún efecto directo en ellas. Simplemente no quieren que se publiquen noticias al respecto», dijo.
Mientras sectores restrictivos argumentan que El Salvador ha mejorado sus índices de seguridad y que el programa debe concluir, el cabildeo encabezado por el gobierno de Bukele y respaldado por el sector privado estadounidense parece haber ganado un valioso tiempo.
De momento, las autoridades estadounidenses han señalado que el anuncio oficial se realizará en «el momento oportuno», asegurando que los beneficiarios salvadoreños conservan su protección legal mientras se define su futuro.



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