El Gobierno de Honduras confirmó de manera oficial la conclusión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 55,000 hondureños radicados en Estados Unidos, marcando el fin de un beneficio migratorio extraordinario otorgado en 1999 tras la devastación causada por el huracán Mitch. Pese a la trascendencia de la medida, la diplomacia hondureña ha llamado a la calma al descartar un retorno masivo inmediato de connacionales o un colapso abrupto en la recepción de remesas, mientras encauza negociaciones directas con las autoridades estadounidenses para garantizar un periodo de transición ordenado.
La canciller hondureña, Mireya Agüero, reconoció en una declaración oficial que la cancelación de este beneficio por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) representa una realidad irrefutable con consecuencias jurídicas concretas. Agüero enfatizó que, si bien la pérdida del TPS retira la autorización formal de trabajo y eleva la vulnerabilidad frente a procesos de deportación para quienes dependían en exclusiva de este estatus, la resolución no implica una salida automática ni masiva del territorio estadounidense.
De acuerdo con el análisis de las autoridades y expertos en materia migratoria, la situación de cada beneficiario se evaluará caso por caso. La permanencia de los hondureños en suelo norteamericano dependerá en gran medida de sus años de residencia, su nivel de arraigo familiar y comunitario, los procesos judiciales vigentes y la posibilidad de cambiar de estatus migratorio a través de vías alternativas, como peticiones familiares de hijos nacidos en Estados Unidos.
Por su parte, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, ha liderado gestiones diplomáticas ante la administración en Washington para amortiguar las implicaciones socioeconómicas de la medida. A través de una misiva dirigida al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, la Casa Presidencial solicitó formalmente un plazo adicional de transición, delimitado y previsible, así como la extensión temporal de los permisos laborales y la habilitación de cupos especiales para visas de trabajo dirigidas a los afectados.
En el ámbito económico, la Cancillería descartó una merma severa a corto plazo en las remesas familiares, uno de los pilares de la economía nacional. El Gobierno proyecta que la fuerza laboral hondureña en Estados Unidos mantendrá su dinamismo económico durante el ajuste legal. Paralelamente, el Estado activó el Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante (Conaprohm) para coordinar medidas de apoyo consular e interinstitucional destinadas a acompañar a las familias afectadas durante este nuevo capítulo migratorio.



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