SAN SALVADOR — La falta de atención médica oportuna y adecuada se ha convertido en la principal causa de muerte entre las personas detenidas bajo el régimen de excepción en El Salvador. Así lo reveló el más reciente informe de Socorro Jurídico Humanitario (SJH) el cual documenta que al menos 571 privados de libertad han fallecido bajo custodia del Estado entre marzo de 2022 y septiembre de 2026, contabilizándose 88 de estas muertes en lo que va del presente año.

Las cifras presentadas por la organización defensora de derechos humanos reflejan un cambio drástico en las causas de los decesos carcelarios. Si bien en los primeros años del régimen predominaban las muertes violentas o por causas no determinadas, actualmente el deterioro paulatino de la salud y la denegación de tratamiento médico encabezan los registros.

De acuerdo con la directora del SJH, Ingrid Escobar, el prolongado tiempo en detención —que para miles de personas supera ya los cuatro años y medio— ha provocado un grave desgaste físico y mental en los reclusos. Esta situación golpea con especial severidad a quienes padecían enfermedades crónicas previas a su captura, como diabetes, insuficiencia renal, hipertensión arterial y VIH.

Los centros penitenciarios con mayor cantidad de fallecimientos reportados son el Penal de Izalco, en Sonsonate, seguido por el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de La Esperanza, conocido popularmente como Mariona, en San Salvador. La mayoría de los últimos casos documentados corresponden a internos que sufrieron complicaciones de salud severas dentro de los penales y debieron ser trasladados de urgencia a centros hospitalarios, donde finalmente fallecieron.

La cifra de muertos bajo custodia supera la de los homicidios nacionales

El informe destaca que, desde 2024, la cantidad de personas que pierden la vida bajo la custodia del Estado ha superado el número de homicidios intencionales contabilizados a nivel nacional. Mientras que en 2024 se documentaron 120 decesos en prisiones frente a 95 homicidios en el país, en 2025 la tendencia se mantuvo con 122 muertes carcelarias frente a 82 homicidios.

En lo que va de 2026, las 88 muertes en recintos penitenciarios contrastan con los 53 homicidios reportados por las autoridades policiales.

Organizaciones de la sociedad civil han reiterado su llamado al Gobierno para que garantice el acceso a la salud en el sistema penitenciario y desclasifique la información sobre los expedientes médicos y autopsias de los fallecidos, recordando que la protección de la vida y la salud de las personas bajo custodia gubernamental es un deber constitucional e internacional ineludible.