WASHINGTON, D.C. — El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades de El Salvador alcanzaron un acuerdo a nivel del personal técnico sobre la segunda y tercera revisiones combinadas del programa bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF). Una vez aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo, el país centroamericano tendrá acceso a desembolsos por aproximadamente 140 millones de dólares.
El jefe de la misión para El Salvador, Pedro Torres, destacó que la economía salvadoreña mantiene un desempeño sólido, respaldado por la inversión privada, el consumo, el turismo y el dinamismo de las remesas, situando la proyección de crecimiento del PIB real en un 4.5 % para 2026.
Ejes principales y compromisos del acuerdo
En el tema fiscal y pensiones, se prevé elevar el superávit primario del Sector Público No Financiero (SPNF) al 3.7 % del PIB en 2027. Además, se avanza hacia una reforma paramétrica de pensiones y se contempla una ley del servicio civil para fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
- Reserva y estabilidad financiera: Fortalecimiento de los colchones de liquidez y avance en marcos de supervisión bancaria y gestión de riesgos.
- Transparencia y gobernanza: Medidas para la prevención de lavado de dinero, publicación de declaraciones patrimoniales de funcionarios y mayor rendición de cuentas sobre beneficiarios finales.
- Gestión sobre Bitcoin y activos digitales: Se ratificó la transferencia del control operativo y la propiedad mayoritaria de la billetera Chivo a un operador privado. Asimismo, el organismo confirmó que la acumulación de Bitcoin provino de donaciones privadas sin el uso de fondos públicos, acordando modernizar el marco regulatorio sin previsiones de compras adicionales con recursos estatales.
Primeras reacciones
Economistas salvadoreños como Rafael Lemus, han manifestado sobre este acuerdo, que a raíz del mismo, el sistema previsional podría reformarse hasta después de las elecciones generales que están programadas para el 28 de febrero del próximo año, es decir, que se atrasará un año con respecto a la programación original del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF).
La reforma prevé ajustes paramétricos clave que buscan estabilizar la sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas.
Entre los cambios en discusión para la nueva legislación previsional se contempla la modificación de la edad de jubilación, pudiendo elevarse hasta los 65 años para hombres y 60 años para mujeres.
Además, se anuncian posibles revisiones en las tasas de cotización aportadas por empleados y empleadores, el tiempo mínimo de años cotizados y el cálculo del porcentaje de beneficios.
Otra de las reformas estaría enfocada al vencimiento del período de gracia para el pago de capital e intereses adeudados a los fondos privados de pensiones, un saldo acumulado que supera los $11,700 millones.
El FMI ratificó que mantendrá el seguimiento técnico con las autoridades salvadoreñas para consolidar la sostenibilidad financiera del país y garantizar el cumplimiento de los compromisos presupuestarios acordados.



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