Haití anunció un acuerdo con El Salvador para construir tres nuevas cárceles, como parte del fortalecimiento de la cooperación bilateral tras el despliegue de tropas salvadoreñas para combatir a las pandillas en ese país.
El anuncio lo realizó el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití, Patrick Pélissier, tras una misión oficial en El Salvador en la que visitó el CECOT.
Según el funcionario, la primera prisión se inaugurará próximamente luego de que el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, ordenara acelerar su construcción, y las tres obras serán levantadas por una empresa salvadoreña en colaboración con una firma haitiana.
Pélissier no precisó el costo de los proyectos, si El Salvador aportará financiamiento ni si participará en la administración de los penales.
La iniciativa responde a la grave crisis carcelaria y de seguridad que vive Haití, donde las bandas armadas controlan cerca del 70 % de la capital y amplias zonas de la región central. En 2024, grupos criminales asaltaron las dos mayores cárceles del país y liberaron a miles de detenidos, agravando el hacinamiento extremo y las precarias condiciones denunciadas por organizaciones y expertos en derechos humanos.
El acuerdo se conoce después de que las Fuerzas Armadas de El Salvador reportaran la muerte de dos soldados y heridas a otros dos tras una explosión mientras manipulaban explosivos en un campamento en Haití. Uno de los heridos falleció horas después en República Dominicana mientras era atendido.
Los militares integran el contingente de 2,500 efectivos salvadoreños enviados para apoyar las operaciones contra las pandillas —autorizadas en el marco de una fuerza internacional respaldada por la ONU— y buscar a cuatro técnicos desaparecidos el 18 de octubre en la zona de Croix-des-Bouquets, al noreste de Puerto Príncipe.
El modelo salvadoreño
Con este convenio para levantar tres prisiones en Haití, El Salvador consolida la expansión de su estrategia penitenciaria en el continente, un fenómeno que —según reportes de investigación sobre crimen organizado— ya ha impulsado más de una decena de proyectos carcelarios inspirados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en al menos diez países.
El caso más reciente y concreto es el de Costa Rica, donde la presidenta Laura Fernández inauguró en octubre el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una megacárcel diseñada con asesoría técnica salvadoreña y capacidad para 5,100 reclusos.
Por su parte, Perú anunció esta misma semana la construcción de dos nuevas prisiones de máxima seguridad con apoyo estadounidense para replicar parte de este sistema, tras la visita oficial que la mandataria Keiko Fujimori realizó al CECOT a finales de octubre.
A esta lista se suman otras naciones que ya operan o construyen centros bajo el mismo enfoque de aislamiento extremo: Ecuador, con la puesta en marcha de la Cárcel del Encuentro y el proyecto de otro penal para 15,000 internos; Paraguay, con el centro de Minga Guazú; y Argentina, que avanza en la construcción del penal conocido como «El Infierno» para reos de alto perfil.
Además, mandatarios y líderes políticos de países como Chile —con la visita de José Antonio Kast al penal salvadoreño—, Colombia, Honduras, Guatemala y Bolivia también han recorrido las instalaciones en Tecoluca o han incorporado la creación de megacárceles en sus agendas de seguridad.



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