La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles 7 de octubre la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional por un período de seis meses, con el objetivo de mitigar el impacto negativo de la sequía meteorológica y agrícola en el territorio salvadoreño provocada por el fenómeno de El Niño.

La medida, aprobada con 59 votos en el pleno legislativo, atiende a la alerta roja emitida tras los informes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Las proyecciones climáticas advierten sobre la intensificación del calentamiento del Pacífico y una notable reducción de las precipitaciones, condiciones que amenazan las fuentes de agua, la agroindustria y la seguridad alimentaria en el país.

De acuerdo con lo expuesto por la Asamblea Legislativa, el decreto amparado en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil permitirá al Gobierno ejecutar acciones de respuesta inmediata, entre las cuales destacan:

• Administración y reasignación de fondos: Se autoriza a las instituciones del Estado a gestionar traslados de recursos financieros orientados a la prevención, atención y mitigación de los efectos de la sequía.
• Protección al sector agropecuario: Implementación de programas prioritarios de asistencia técnica, insumos y apoyo alimentario e hídrico para agricultores y ganaderos golpeados por las altas temperaturas y el estrés hídrico.
• Asistencia y logística: Articulación entre el Ministerio de la Defensa Nacional, la Policía Nacional Civil y los cuerpos de socorro para el resguardo y la entrega ágil de paquetes de ayuda humanitaria en las zonas con mayor afectación.
• Cooperación internacional: Facilidades al Ministerio de Relaciones Exteriores para priorizar la recepción y canalización de donaciones e insumos procedentes del exterior.

Durante la discusión del decreto, el oficialismo enfatizó la urgencia de proteger la producción de granos básicos e impedir el desabastecimiento de alimentos, mientras que voces de la oposición señalaron que la aprobación mediante dispensa de trámite requerirá mecanismos estrictos de fiscalización y transparencia sobre el uso de los fondos asignados para la contingencia.