SAN SALVADOR — En una operación antidrogas ejecutada durante la madrugada en los departamentos de Ahuachapán, Usulután y La Paz, la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) desarticuló una estructura transnacional dedicada al tráfico marítimo de sustancias ilícitas.
Durante la investigación, que ya lleva dos años, las autoridades salvadoreñas han decomisado 1,917 kilogramos de cocaína, cuyo valor comercial en el mercado negro asciende a 48.1 millones de dólares.
De acuerdo con el informe, la investigación dio inicio en julio de 2024 y permitió identificar una ruta marítima estratégica empleada por la organización. El cargamento ilícito salía en embarcaciones presuntamente desde Nicaragua, transitaba por las aguas territoriales de El Salvador y tenía como destino final Guatemala.
Para llevar a cabo los traslados, la red reclutaba a pescadores locales, a quienes suministraban combustible, dispositivos de rastreo GPS y logística marítima.
Además del estupefaciente decomisado a lo largo del operativo, las fuerzas de seguridad incautaron seis embarcaciones e hicieron efectivas varias capturas. Las personas aprehendidas serán puestas a disposición de los tribunales correspondientes para ser procesadas por los delitos de tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas.
Nicaragua rechaza los señalamientos
Horas después de hacerse pública la operación en El Salvador, el gobierno de Nicaragua emitió una nota verbal dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño en la que rechaza categóricamente que el cargamento decomisado haya partido de su territorio.
En el comunicado, las autoridades nicaragüenses manifestaron que no cuentan con datos verificables que sostengan las hipótesis planteadas por la FGR. Ante esta situación, Managua solicitó de manera oficial a San Salvador que se comparta la información y los antecedentes que fundamentan el pronunciamiento fiscal, con el fin de evaluar los actuados con rigor diplomático y jurídico.
Asimismo, el régimen nicaragüense reiteró su compromiso en la lucha contra el crimen organizado transnacional y enfatizó que el caso debe abordarse mediante los canales institucionales correspondientes.
La Fiscalía salvadoreña aclaró que en sus señalamientos no involucra a funcionarios ni a instituciones del Estado nicaragüense, limitando la acusación al accionar de la banda criminal transnacional. El caso marca un momento de atención diplomática en Centroamérica, mientras la justicia salvadoreña avanza en el procesamiento penal de los implicados.
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