WASHINGTON D. C. — Horas después de que el Comité Nobel Noruego otorgara el Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la Corte Penal Internacional (CPI), el gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra el tribunal con sede en La Haya.

La medida, oficializada por el secretario de Estado, Marco Rubio, contempla el bloqueo de activos y severas restricciones a las transacciones financieras con la institución judicial.

El detonante del distanciamiento se ha agudizado tras el reconocimiento a Pillay, quien formó parte del tribunal y encabezó la comisión independiente de la ONU que concluyó que se cometieron violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra en el conflicto de Gaza.

Washington fundamentó la decisión argumentando que la CPI vulnera la soberanía estadounidense y actúa fuera de su jurisdicción legítima.

Reacciones globales

Por su parte, la CPI denunció las sanciones como un «ataque al Estado de derecho y a los cimientos de la justicia internacional».

Mientras que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó las represalias de «inaceptables», y la Unión Europea reafirmó su respaldo incondicional al tribunal.

Pero no todo fueron reacciones negativas. Quien sí celebró la decisión de Trump, fue el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien elogió la postura del gobierno estadounidense tras rechazar duramente el fallo del Comité Nobel.

A pesar de la imposición del bloqueo económico, el Departamento de Estado emitió licencias temporales y dejó abierta la vía diplomática, urgiendo a los Estados miembros de la CPI a reformar el funcionamiento del organismo.