WASHINGTON D. C. — Un grupo de senadores demócratas, en coordinación con miembros clave de la Cámara de Representantes, impulsa una iniciativa de ley y diversas estrategias parlamentarias en el Congreso de los Estados Unidos con el objetivo de abrir un camino directo y definitivo hacia la residencia permanente (Green Card) para miles de inmigrantes salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

La propuesta legislativa, respaldada por propuestas como la ley American Dream and Promise Act, busca transformar un beneficio humanitario de carácter transitorio en un estatus legal duradero. Esta iniciativa reconoce que la vasta mayoría de los beneficiarios salvadoreños han residido, trabajado de forma legal y pagado impuestos en el país durante más de dos décadas, echando raíces profundas a través de familias, compras de inmuebles y emprendimientos locales.

Los legisladores demócratas señalan que mantener a estos trabajadores en una zozobra burocrática constante no solo perjudica el bienestar social de las familias mixtas —muchas de ellas compuestas por hijos nacidos en suelo estadounidense—, sino que también genera un impacto negativo directo en sectores económicos clave como la construcción, la hotelería y los servicios.

Para agilizar su discusión en el pleno legislativo frente a la falta de consensos regulares, sectores en la Cámara de Representantes han recurrido a herramientas como la petición de descarga (Discharge Petition), buscando reunir la mayoría de las firmas necesarias para obligar a una votación directa.

Sin embargo, el panorama político actual en Capitol Hill plantea un reto complejo para el proyecto. Para convertirse en ley formal, el texto legislativo debe superar la fragmentación del Congreso y sumar el respaldo de votos republicanos clave tanto en la Cámara Baja como en el Senado, además de recibir la firma del Poder Ejecutivo, un escenario que analistas consideran sumamente ajustado.

Incertidumbre legal para más de 170 mil salvadoreños

En la actualidad, la comunidad salvadoreña amparada por el TPS atraviesa un periodo de expectativa e incertidumbre legal. La última extensión formal otorgada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fijó el término de la protección oficial para el 9 de septiembre de 2026.

Tras superarse dicha fecha de vencimiento, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) comunicó de manera oficial que los salvadoreños inscritos conservarán de forma temporal sus protecciones legales y sus permisos de trabajo (EAD) vigentes en tanto el Gobierno emita un anuncio formal sobre si renovará el programa o decretará su terminación definitiva.

Paralelamente, el estatus se ha visto impactado por recursos presentados en cortes federales de Estados Unidos —incluyendo fallos de tribunales en Massachusetts— que han bloqueado intentos de la administración de recortar retroactivamente los plazos de vigencia de las autorizaciones de empleo o denegar permisos.

A la fecha, más de 170,000 salvadoreños se encuentran a la espera de un pronunciamiento definitivo del DHS que defina si habrá un nuevo periodo de re-registro o si, finalmente, el Congreso logrará una solución legislativa permanente.