San José — En una medida que marca un punto de inflexión en la política penitenciaria del país, el Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica concretó el traslado de los primeros 123 reclusos al nuevo Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).

Los reclusos ingresaron al complejo ubicados en Alajuela con la cabeza rapada y vistiendo uniformes de color naranja, bajo un riguroso esquema de seguridad inspirado explícitamente en el modelo implementado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Entre el primer grupo de trasladados figuran los principales cabecillas y criminales catalogados de «alta peligrosidad» por las autoridades costarricenses, incluidos los sospechosos vinculados al homicidio del oficial de policía Gerson Rosales Cascante.

«Durante años se habló de la necesidad de recuperar el control de nuestras cárceles; ahora estamos demostrando con hechos que sí se puede», señaló el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, al calificar la infraestructura como «un monumento a la seguridad nacional».

Arquitectura y tecnología de máxima seguridad

Inaugurado formalmente a mediados de octubre por la presidencia de la república, el CACCO requirió una inversión cercana a los 35 millones de dólares. El diseño del penal prioriza el aislamiento y el control absoluto:

Las instalaciones cuentan con techos altos y pasillos elevados por encima de las celdas para que los oficiales de custodia mantengan vigilancia permanente.

También, cada módulo opera con celdas equipadas con camarotes metálicos, colchones delgados y servicios sanitarios integrados sin puertas.

Además, el recinto dispone de sistemas avanzados de videovigilancia activa las 24 horas y puntos de control estratégicos.

Mitigación del hacinamiento

El proyecto busca descomprimir de manera drástica el sistema penitenciario nacional. Actualmente, el primer módulo habilitado tiene capacidad para 1.020 personas, pero se proyecta que con la apertura de los cuatro módulos restantes —prevista para diciembre— el complejo alcance su máxima capacidad de 5.100 espacios. Las proyecciones oficiales estiman que esto reducirá la sobrepoblación carcelaria del país del 59% actual a un 15%.

A pesar de las críticas de sectores de oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos en cuanto a las condiciones de reclusión, el Gobierno de Costa Rica defiende la obra bajo tres premisas fundamentales e innegociables: orden, control y disciplina.