SAN SALVADOR — Durante su sesión de este lunes, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió por unanimidad un dictamen favorable para reformar la Ley de Presupuesto Nacional 2026.

La iniciativa, que contempla la distribución de $78 millones, será sometida a votación del pleno legislativo durante la sesión plenaria de esta semana.

De acuerdo con las carteras de Estado, los recursos provienen de excedentes en la recaudación de impuestos —principalmente del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de la renta— impulsados por la eficiencia administrativa y el combate a la evasión fiscal.

Destino y uso específico de los fondos

Los $78 millones serán distribuidos entre cinco ministerios, la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Presidencia de la República para solventar obligaciones prioritarias en el último trimestre del año:

• Ministerio de Salud ($18.8 millones): Destinados a cubrir necesidades prioritarias como el pago de bienes y servicios, además de complementar la adquisición de medicamentos, insumos y equipos médicos para la red hospitalaria pública.
• Ministerio de Obras Públicas ($15 millones): Utilizados para financiar proyectos estratégicos de nación, lo que abarca obras de construcción, mantenimiento y reparación de la red vial, así como la gestión de derechos de vía a nivel nacional.
• Ministerio de Defensa Nacional ($14 millones): Asignados para fortalecer el Plan Control Territorial, enfocándose en las tareas de seguridad pública, recuperación y rehabilitación de territorios en todo el país.
• Presidencia de la República ($14 millones): Orientados a garantizar la operatividad y continuidad de sus secretarías y dependencias, así como a fortalecer la infraestructura institucional mediante la compra de maquinaria, equipos tecnológicos e informáticos y derechos de propiedad intelectual.
• Ministerio de Relaciones Exteriores ($6 millones): Dirigidos a solventar gastos operativos de las representaciones diplomáticas y consulares en el exterior, junto con la adquisición de bienes y servicios esenciales para la Secretaría de Estado.
• Fiscalía General de la República – FGR ($6 millones): Enfocados en consolidar las capacidades operativas, tecnológicas y de investigación de sus diferentes unidades institucionales.
• Educación / CONAPINA ($2.7 millones): Esta cifra será transferida al Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) para financiar programas de acogimiento institucional e integración social dirigidos a la niñez y la juventud.
• Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos – PDDH ($1.5 millones): Asignados para cubrir los preparativos y la puesta en marcha del observatorio electoral 2027, lo que incluye la compra de computadoras portátiles y cámaras de video.

Se espera que el proyecto de ley sea discutido y votado por los legisladores en el transcurso de los próximos días en el pleno.