El presidente Nayib Bukele, anunció esta noche que su administración analiza un esquema de liberación anticipada y condicional que podría alcanzar aproximadamente al 50% de las personas encarceladas durante la aplicación del régimen de excepción.

Durante sus declaraciones, brindadas en una conferencia de prensa en Casa Presidencial con motivo del anuncio de una inversión de $2,900 millones del Grupo Cox en el país, el mandatario comparó la estrategia de seguridad implementada en el país con un tratamiento médico intensivo, señalando que la «quimioterapia» aplicada contra las pandillas logró colocar el problema criminal en una etapa de remisión.

En este contexto, el plan estaría orientado a evaluar los expedientes de reos —específicamente aquellos señalados por colaboración menor— para otorgarles una salida bajo supervisión y condiciones estrictas.

«Estaríamos hablando de beneficiar más o menos a un 50% de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas con una liberación anticipada. O sea, es culpable, pero liberarlo condicionalmente»

Asimismo, el gobernante recalcó que la medida se fundamenta en un análisis pormenorizado de los casos dentro del sistema penitenciario, matizando que el régimen de excepción se mantendrá vigente mientras las condiciones de seguridad nacionales así lo requieran.

El régimen lleva más de cuatro años vigente, habiendo sido implementado en marzo de 2022 y prorrogado de forma consecutiva mes a mes por la Asamblea Legislativa.

Los resultados

Desde el punto de vista oficial y de seguridad ciudadana, la medida ha permitido desarticular masivamente a las estructuras de pandillas, logrando la captura de decenas de miles de presuntos criminales y reduciendo drásticamente los índices de homicidios hasta posicionar al país como uno de los más seguros de la región, acumulando numerosos días sin muertes violentas.

Sin embargo, organismos defensores de los derechos humanos y entidades internacionales han señalado recurrentemente que la medida suspende garantías constitucionales básicas, lo que ha derivado en denuncias por detenciones arbitrarias de personas inocentes, abusos de poder, falta de debido proceso y muertes bajo custodia estatal dentro del sistema penitenciario.