El Gobierno de Costa Rica confirmó el inicio de una nueva y estricta fase en su política de seguridad penitenciaria. A partir del próximo lunes 26 de octubre de 2026, el país comenzará a trasladar a sus primeros privados de libertad hacia el Centro de Alta Contención (CACO), una moderna infraestructura de máxima seguridad ideada para frenar el avance del crimen organizado desde el interior de los penales.

La administración de la presidenta Laura Fernández Delgado estableció que los primeros reclusos en estrenar las instalaciones serán aquellos individuos que se encuentran formalmente vinculados con el homicidio del oficial Gerson Rosales. La instrucción de priorizar a este grupo específico partió directamente de la mandataria durante la semana previa, como un mensaje contundente de que el Estado no tolerará crímenes en contra de los agentes de la autoridad.

Un complejo diseñado para el aislamiento

El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, detalló los pormenores del cronograma operativo durante una reciente comparecencia. El jerarca confirmó que, tras el ingreso inicial de los implicados en la muerte del oficial Rosales, el proceso continuará de manera progresiva con el traslado de otros perfiles de alta peligrosidad que actualmente permanecen bajo regímenes estrictos en diferentes puntos del sistema penitenciario nacional, particularmente en el complejo de La Reforma.

Con una capacidad proyectada para albergar a unos 5.100 privados de libertad, el CACO (también denominado en algunos reportes oficiales como CACCO) se erige como la respuesta institucional más robusta implementada hasta la fecha para aislar a los delincuentes más peligrosos del país. El objetivo principal de este centro es desarticular las redes de comunicación y el mando operativo que las estructuras criminales suelen mantener activas desde las celdas convencionales.

Transparencia y la referencia internacional de El Salvador

Ante las dudas e interrogantes lógicas sobre el funcionamiento interno de un penal de máxima seguridad de esta magnitud, la presidenta Laura Fernández solicitó al Ministerio de Justicia la presentación pública y detallada de los protocolos de operación que regirán dentro del establecimiento. La mandataria hizo hincapié en la necesidad de mantener una absoluta transparencia para evitar especulaciones o información errónea en la opinión pública.

Cabe destacar que esta política de mano firme guarda relación con los recientes recorridos institucionales.

Semanas atrás, la mandataria costarricense visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde evaluó de primera mano el modelo penitenciario impulsado por el presidente Nayib Bukele.

Aunque Fernández ha señalado que Costa Rica todavía está a tiempo de evitar que el crimen organizado alcance los niveles críticos que sufrió la nación centroamericana, el Ejecutivo ha optado por replicar estándares severos de control, disciplina y aislamiento para los criminales de alta peligrosidad.

Con la apertura oficial de este centro de máxima seguridad, el gobierno de Fernández busca dar un golpe de autoridad que permita no solo descongestionar las cárceles tradicionales del país, sino también enviar una señal clara de respaldo a las fuerzas de seguridad y de endurecimiento absoluto frente a la criminalidad organizada.