El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. deportó a 100 salvadoreños condenados por delitos graves como homicidio y agresión sexual. La operación fue inspeccionada en Luisiana por el secretario Markwayne Mullin, quien reafirmó la política de deportaciones masivas bajo la administración del presidente Donald Trump para reforzar la seguridad pública.